Analizan el impacto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Sonora

Analizan el impacto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Sonora

 

Hermosillo, Son., agosto 23 de 2022.- En el Estado de Sonora prevalece una justicia lenta por el rezago que existe en materia de juicios civiles y familiares, motivo por el cual, desde el Congreso del Estado, se busca contribuir y aportar las propuestas que sean necesarias para que se materialice lo que ya establece la Carta Magna, afirmó la diputada Ernestina Castro Valenzuela.

 

La legisladora presidió este día el foro: Impacto del Código Nacional de Procedimientos Civiles en la justicia civil y familiar en el Estado, en cuya apertura informó que se dio a la tarea de organizar este ejercicio de Parlamento Abierto para intercambiar impresiones con especialistas en el tema, abogados litigantes, académicos y estudiantes.

 

“El objetivo es que se homologue el procedimiento civil y familiar con la creación del código nacional de procedimientos civiles y familiares, para unificar las reglas en la materia y evitar la disparidad de derechos que se tienen actualmente, y que en los estados prevalezcan las mejores prácticas”, aseveró.

 

La diputada Castro Valenzuela explicó que actualmente existen dos proyectos, uno en la Cámara de Senadores y otro en la Cámara de Diputados, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que expidieran la legislación procesal, sin embargo, se ha incurrido en desacatado, pues desde 2017 debió haberse cumplido dicho ordenamiento.

 

“Actualmente se están realizando diversos foros de Parlamento Abierto del multicitado código por parte de la Cámara de Diputados y platicando con algunos diputados federales me habían dicho que se iba a regularizar esto y que iban a cumplir con ese mandato constitucional en los dos últimos periodos ordinarios, sin embargo, no sucedió así y parece que pidieron una ampliación para el inicio de este periodo ordinario del segundo año legislativo”, expresó.

 

En Sonora se necesita, primero, abordar la temática para, acto seguido, en el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, que inicia el 1° de septiembre del presente, hacer los exhortos que sean necesarios a la Cámara de Diputados para que este tema se llegue a concretar, dijo la legisladora.

 

“Lo vamos a hacer; estamos con ese compromiso, ya que esta justicia cotidiana, como se le llama, no es otra cosa que algo parecido con la reforma del sistema penal y queremos entrar en esa dinámica de que sean juicios que se resuelvan, primeramente, en una instancia de medios de conciliación, porque esa es la idea de fondo y ahí está la importancia de que se legisle a favor o se materialice más bien lo que constitucionalmente ya establece la Carta Magna”, exteriorizó.

 

El incumplimiento de esta reforma por parte del Poder Legislativo Federal se puede considerar como grave si se toma en cuenta la información que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el sentido de que, más de las dos terceras partes de los litigios son de carácter familiar y civil, sostuvo, de ahí la importancia de por qué se han dado a la tarea de aportar la parte que como Poder Legislativo les corresponde, con este ejercicio de Parlamento Abierto.

 

A este foro asistió como expositor el magistrado Octavio Eduardo González Domínguez, quien consideró que este tema debe materializarse para dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2017 en materia de justicia cotidiana y de la cual, en uno de sus artículos transitorios estableció un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del Decreto, para contar en el país con el código nacional de procedimientos civiles y familiares.

 

Consideró se trata de un tema muy importante, como lo fue la reforma al sistema de justicia penal, de ahí que el diagnóstico arroja que es un sistema de justicia lento, incierto, discriminatorio, confuso y abona a que exista falta de confianza en las instituciones.

 

El Magistrado agregó que el hecho de que cada Estado cuente con una norma en la materia provoca disparidad, pues existen entidades federativas que sí cuentan con buen presupuesto para sacar adelante sus sistemas, de manera que la idea es que todos estén en las grandes ligas.

 

El diagnóstico también arrojó que falta capacidad y conocimiento de los operadores jurídicos, así como el enfoque multidisciplinario de los problemas; política financiera en los poderes judiciales y la propuesta es agregar la obligación de contar con especialistas en los sistemas civil y familiar, y que se permita adecuar figuras procesales en las legislaturas de los estados.

 

También participó como expositor el director de la Iniciativa Niñas, Niños y Adolescentes, A.C., Wenceslao Cota Amador, quien explicó se trata de una organización civil interesada en el tema de la protección a la infancia y adolescencia.

 

Señaló que no se aprecian medidas de protección de niñas, niños y adolescentes en la reforma, y reconoció la figura de Juez especializado en materia de niñas, niños y adolescentes, además de pronunciarse por contribuir con las propuestas que sean necesarias para contar en Sonora con una justicia más pronta y expedita.

 

Al no contar con un código nacional se transita para hacer efectivos los derechos del niño, como en el tema de la adopción y otras figuras, ya que no hay herramientas para hacerlas efectivas y los jueces tienen que basarse en jurisprudencias o en tratados internacionales, puntualizó Cota Amador.

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.