El supuesto montaje de la esposa del Gobernador desató cacería de periodistas en SLP

El supuesto montaje de la esposa del Gobernador desató cacería de periodistas en SLP
09/06/2026 – 7:19 pm
La denuncia de la senadora Ruth González por una imagen creada con IA derivó en el encarcelamiento de dos comunicadoras y alertas por persecución.
Blanca Juárez
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La denuncia de la Senadora Ruth González por una imagen creada con IA derivó en el encarcelamiento de dos comunicadoras y alertas por persecución. Foto: @RuthGonzalezMx

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- La Senadora Ruth González Silva, aspirante del Partido Verde (PVEM) a gobernar San Luis Potosí y esposa del actual Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, estrenó una nueva ley local para encarcelar a dos mujeres periodistas.
Eréndira Reyes, directora de la página San Wicho Times y colaboradora de Despertar San Luis 3.0, y Alejandra Hermosillo, funcionaria de Comunicación Social del municipio de San Luis Potosí, fueron denunciadas por Ruth González, como lo comprobó el diario El País, que tuvo acceso a la denuncia. La Fiscal Manuela García Cázares se había negado a informar quién había iniciado la querella.
Ambas mujeres, madre e hija, pasaron 15 días en prisión, desde el 21 de mayo al 6 de junio. Y aunque pudieron volver a sus hogares, están bajo libertad condicional y deberán realizar un pago para indemnizar a la senadora.
Durante esas dos semanas los hijos y nietos de las comunicadoras estuvieron sin sus principales cuidadoras. Ahora la familia Reyes Hermosillo enfrenta amenazas, según ha podido saber SinEmbargo. Además, la página de Facebook de Despertar San Luis 3.0, donde era difundida la información, fue cerrada y, por lo tanto, dejó de monetizar.

Ruth González acusa daño a su reputación
Senadora de la República y esposa del Gobernador, la denuncia de Ruth González avanzó con celeridad. Ella sostiene que las imágenes difundidas vulneran su integridad psíquica y moral, según se desprende de la denuncia reseñada por la prensa.
En noviembre de 2025, el Congreso de San Luis Potosí, aprobó una iniciativa de reforma al Código Penal del estado, propuesta por el diputado local Héctor Serrano Cortés, coordinador del PVEM.
De esa manera se tipifica como delito el uso de la IA para manipular imágenes, audios o documentos que provoquen alarma social o afecten la confianza institucional.
En dicho ordenamiento indica que “se impondrá pena de uno a tres años de prisión”, pero ésta puede aumentar “hasta en una mitad cuando el contenido sea difundido, comercializado o empleado con fines de lucro o de causar daño al honor, a la reputación o a la vida privada de la persona”.
Pero también considera que “no constituye delito la creación o difusión de contenidos con fines periodísticos, académicos, artísticos, parodia o de crítica política, cuando de las circunstancias del hecho no se acredite el dolo con fines de causar daño al honor, a la reputación o a la vida privada de la persona”.
El País refirió en ese sentido que el 8 de mayo la Fiscalía General del Estado recibió una denuncia sustentada en el artículo 187 TER del Código Penal por la utilización de una imagen con IA.
Trece días después las comunicadoras fueron detenidas y llevadas al Centro Estatal de Reinserción Social de San Luis Potosí “La Pila”.
Según la información que obtuvo El País, la Senadora Ruth González argumentó en su denuncia: “es claro que tienen como finalidad causar daño e imagen de mi persona, causando con ello una afectación en mi dignidad, mi reputación, es decir en mi integridad psíquica y moral”.
Una de las pruebas que la Fiscalía usó para solicitar la prisión preventiva es la foto falsa difundida en la página de Facebook. La otra es el testimonio de una vecina de las comunicadoras, quien aseguró “tener conocimiento e identificar plenamente a las personas que realizan y difunden las publicaciones en la página mencionada”
En una audiencia, un juez de control les había dictado tres meses de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, tras la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el juzgador autorizó una salida alterna.
Con ello, fueron puestas en libertad condicional. Pero tendrán que realizar un pago por reparación del daño, “residir en un lugar determinado” y firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares cada mes durante un año.
Clima de campaña y persecución
La Senadora González pretende suceder en el cargo a su esposo, Ricardo Gallardo, cuando éste concluya su mandato como gobernador de San Luis Potosí. La respaldan su marido y la dirigencia del PVEM, que la perfila como su principal carta para retener el gobierno estatal en 2027.

A finales de mayo, mientras la Fiscalía de San Luis realizaba diligencias contra las comunicadoras a petición de Ruth González, Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde, informó en su cuenta de X: “Muy probablemente ella será nuestra candidata sin considerase nepotismo por que ahí estaría decidiendo el pueblo de SLP (sic)”.
Dijo que su partido está contra el nepotismo, pero es que “hoy, las encuestas muestran que la Senadora y mi compañera @RuthGonzalezMx cuenta con el respaldo de las y los potosinos para encabezar nuestro proyecto en ese estado”.
A oganizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los derechos de periodistas les preocupa lo que ya está ocurriendo bajo el mandato del esposo de Ruth González, Ricardo Gallardo, y durante la promoción anticipada de la senadora.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de libertad de expresión y libertad de prensa en San Luis Potosí”, señalaron Artículo 19, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Propuesta Cívica en un comunicado del pasado 23 de mayo.
El documento también fue firmado por la asociación Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), la Red Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras.
El mismo día que Reyes y Hermosillo fueron sacadas de su domicilio para ser detenidas, Christian Herrera, propietario de la página “Código Rojo” fue detenido “con violencia física por presuntos elementos de la Fiscalía y fue trasladado a la capital, pese haber una oficina de dicha instancia en Ciudad Valles”, donde él radica, señala el comunicado.
Lo acusaron de “robo en una farmacia” y hasta el momento no se ha dado a conocer su situación jurídica.
Estas organizaciones han documentado además “una orden de aprehensión en contra de al menos 8 personas más, incluída Anahí Torres González, periodista, directora y titular de diversos medios de comunicación en San Luis Potosí”.

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