A Robles Berlanga, titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se le acusa de uso indebido del servicio público al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos. Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace más de dos años en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Rosario Robles Berlanga, la única presa de primer nivel que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta corrupción, se queda en Santa Martha Acatitla, penal de la Ciudad de México que ha sido su hogar desde agosto de 2019. El Ministerio Público presentó nuevos alegatos para evitar su salida. Pero hoy, como ayer, la exfuncionaria federal parece retenida con alfileres.
El Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinó este miércoles que persiste un “elevado” riesgo de que Rosario Robles se fugue, por lo que decidió que debe continuar en prisión preventiva.
La audiencia en la que se tomó esta determinación arrancó a las 5:15, luego de que la exfuncionaria fuera llevada en medio de un dispositivo de seguridad de su celda en Santa Marta a su audiencia en el Reclusorio Sur. Para la familia era el día en que ella volvería a casa. Sin embargo, el fallo no fue como lo esperaban.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a la prensa vía WhatssApp —debido a que la audiencia fue a puerta cerrada— cómo el Juez explicó que la revisión de medida cautelar se haría en términos del artículo 161 del Código nacional de Procedimientos Penales (CNPP), así como la “necesidad de cautela”. Ese artículo menciona que si hay una variación de las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma.
Pero hubo un cambio, y el Juez determinó que el riesgo de fuga, que se sostuvo desde agosto de 2019, continúa.
En la argumentación, el letrado dijo que el resguardo domiciliario, que es la alternativa que ofrece la defensa, le facilitaría a Rosario “los medios para abandonar el territorio”. Agregó que las cuestiones de salud no son obstáculo para que la exfuncionario permanezca en prisión, pero que cada que ella necesite alguna atención médica, puede acudir al Juez de Ejecución para solicitar medidas que ella y su defensa consideren pertinentes.