Algo debe pasar en los Congresos locales. Hay corrupción, nepotismo y hasta violencia
18/03/2026 – 12:05 am
Los Congresos locales acumulan escándalos de corrupción y nepotismo, mientras la Reforma Electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum propone recortar su gasto.
Blanca Juárez
Artículos relacionados
“No es nepotismo”: Ricardo Gallardo defiende posible candidatura de su esposa en 2027
Que la gente vea quién votó y cómo: Sheinbaum. “Estoy muy satisfecha”. Anuncia Plan B
Activistas culpan a PT y PVEM por truncar el sueño de tener legisladores migrantes
Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).- Los congresos de los estados mexicanos han funcionado con casos de corrupción, redes de nepotismo, señalamientos de violencia sexual, encubrimiento de funcionarios y falta de representatividad de pueblos originarios y afrodescendientes. El plan B de la Reforma Electoral pone bajo la lupa no sólo el gasto, sino también el desempeño de estos órganos legislativos.
La nueva iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la Reforma Electoral pone un tope máximo para los Congresos locales de 0.70 por ciento del presupuesto del estado. “Nosotros seguimos luchando contra los privilegios”, dijo la mandataria el pasado lunes en su conferencia de prensa mañanera.
Este martes, al presentar la propuesta, nuevamente habló sobre el gasto en esos recintos. “No es que todo llegue a los diputados o las diputadas, una parte se va para los trabajadores de los Congresos o para el pago de luz. Pero es un exceso que haya Congresos que en promedio tengan 38 millones de pesos por diputado”, dijo.
En el Congreso del Estado de México, una Diputada o Diputado gana más de 94 mil pesos mensuales libres de impuestos. En contraste, el tabulador de sueldos de ese órgano legislativo indica que en 2025 había trabajadores que ganaban 261.10 pesos diarios, lo que constituía una violación a la ley, pues el salario mínimo vigente de ese año fue de 278.80 pesos al día.
Pero el problema no se limita a los salarios. También existen antecedentes de decisiones legislativas que han favorecido la impunidad. Un ejemplo de ellos es la protección del Congreso de Morelos al exfiscal General de aquella entidad, Uriel Carmona.
En 2023, fue detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México, a cargo en ese entonces de Ernestina Godoy, por encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz en 2022. Las supuestas investigaciones en Morelos revictimizaron a la joven al asegurar que murió debido a una broncoaspiración por alcohol. Las indagatorias de las autoridades capitalinas concluyeron que se trató de un feminicidio: fue asesinada a golpes por su pareja.
Familiares y colectivas feministas marcharon desde Monumento a la Revolución hacía La fiscalía especializada en feminicidios con el fin de exigir justicia por Ariadna Fernanda López Díaz, cuyo cuerpo fue localizado en Morelos. También piden penas máximas para sus posibles feminicidas Ratuel «n» y Vanessa «N» así como la destitución de Uriel Carmona fiscal de Morelos. Foto: Cuartoscuro.
La LV Legislatura de Morelos (2021-2024) emitió un posicionamiento en defensa de Carmona. Recordó que el funcionario tenía fuero constitucional, el cual lo protegía de la detención y que sólo el Congreso podía retirarle esa inmunidad. Pero las diputadas y los diputados no quisieron hacerlo pese a la solicitud del entonces Gobernador, Cuauhtémoc Blanco.
Fue hasta 2024, con una nueva integración del Congreso local, que finalmente se concretó la destitución del funcionario. Esto evidenció el papel que juegan esas instituciones tanto en la rendición de cuentas como en su obstaculización. Carmona había sido designado como Fiscal de Morelos por el Congreso local en 2018, controlado por el Gobernador en turno, Graco Ramírez.
Uriel Carmona, exfiscal general del estado de Morelos. Foto: Margarito Pérez, Cuartoscuro.
Violencia sexual y moches
A la protección institucional se suma la falta de acción en casos de violencia sexual en los Congresos locales. En septiembre de 2021, Marcos Zapotitla Becerro fue vinculado a proceso por el delito de violación. Pero la denuncia de la víctima fue presentada desde julio de 2020, cuando Zapotitla Becerro era Diputado en el Congreso de Morelos en la LIV Legislatura, la cual concluyó el 31 de agosto de 2021.
Es decir, la detención ocurrió una vez que el presunto agresor no tenía fuero. Su partido, el ya desaparecido Partido Encuentro Social (PES), lo separó de su bancada “para hacer lo socialmente correcto”. Sin embargo, no promovió un juicio de desafuero para retirarle la inmunidad y ser detenido.
Otro poder que tienen los Congresos locales es la facultad de autorizar endeudamiento gubernamental.
De acuerdo con el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2024, en 2023 siete Congresos estatales aprobaron la contratación de deuda pública por un monto total de casi 79 mil millones de pesos.
Las entidades que solicitaron el crédito fueron: Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, Estado de México y Coahuila son esas entidades.
Pero fue el Congreso de Chihuahua el que aprobó la mayor deuda pública, de más de 32 mil 529 millones de pesos. Esa cantidad representó el 41 por ciento del monto total. Fue autorizada por la LXVII Legislatura (2021-2024), de mayoría panista, partido de la Gobernadora María Eugenia Campos.
En 2023, el Congreso de Chihuahua le aprobó una deuda pública millonaria al Gobierno de María Eugenia Campos. Foto: Gobierno de Chihuahua
Y además de aprobar deuda, también son responsables de vigilar el uso de los recursos públicos a través de las Auditorías Superiores Estatales, órganos técnicos encargados de la fiscalización. Tienen dos funciones claves dentro del manejo financiero de los estados, las cuales han sido aprovechadas por algunos diputados para enriquecerse.
En 2017, por ejemplo, se difundió un video en el que diputados del Congreso de San Luis Potosí y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) extorsionaban a alcaldes. Les exigían un porcentaje millonario del dinero que había sido señalado con irregularidades, pues no estaba claro en qué había sido utilizado, a cambio de borrar esos señalamientos de sus cuentas públicas de 2016.
En ese momento, los diputados y las diputadas de San Luis Potosí ganaban 115 mil 858 pesos mensuales. Además, su aguinaldo era de 90 días de salario, cifra que rebasa seis veces el mínimo establecido en la legislación federal.
Por ese video, el Diputado panista Enrique Flores se vio obligado a renunciar a la coordinación de su bancada y a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, pues era uno de los que aparecían presuntamente solicitando dinero a un alcalde a cambio de “limpiar” observaciones en cuentas públicas.
En otro caso, en 2012, el Gobierno de Zacatecas del priista Miguel Alonso Reyes habría pagado 100 mil pesos por voto a por lo menos nueve diputados locales de distintos del PRI, PAN, PRD, PT, Panal y PVEM durante la LX Legislatura, con el fin de asegurar la aprobación del paquete fiscal 2013, de acuerdo con un audio difundido en YouTube.
Nepotismo normalizado
Según el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales, en 2024 se presentaron 10 denuncias contra el personal de los Congresos locales por la presunta comisión de diversos delitos. Dos fueron por abusos de autoridad (Michoacán y Oaxaca), dos por cohecho (Michoacán y Oaxaca), tres por ejercicio indebido del ejercicio público (Campeche y Michoacán), dos por peculado (Baja California Sur), y uno que se reporta como “otro” (Hidalgo).
Sin embargo, estas denuncias no son contra los diputados o diputadas, pues cuentan con el fuero, sino contra el personal que labora en esos recintos legislativos o que asiste a los legisladores.
Otra de las prácticas que se han normalizado en los Congresos locales es el nepotismo. Un ejemplo es el que ocurrió en el Congreso de Veracruz, donde un Diputado de Morena incorporó a su hijo a la nómina legislativa.
En octubre de 2020, Magdaleno Rosales le asignó un salario de 15 mil pesos mensuales con cargo al erario y fue registrado como chofer. El legislador defendió su decisión y aseguró que su hijo sí realizaba labores de apoyo, aunque posteriormente anunció que lo daría de baja.
Además, sostuvo que la contratación de familiares no era un caso aislado, sino una práctica extendida entre otros diputados, e incluso amagó con exhibirlos.
El diputado local de Veracruz, Magdaleno Rosales, le asignó a su hijo un salario de 15 mil pesos mensuales con cargo al erario. Foto: Cuenta de X de Rosales.
Congresos locales sin indígenas ni afromexicanos
En los 32 Congresos locales del país hay mil dos diputadas y diputados, de acuerdo con el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2024. De ese total, sólo 31 personas se reconocen como indígenas y cuatro como afrodescendientes, según datos actualizados al 24 de julio de 2025.
La desproporción es evidente si se compara con la composición de la población en México. Más de 39.2 millones de personas se identifican como indígenas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pero su presencia en los Congresos estatales apenas alcanza el 3 por ciento del total de legisladores.
En el caso de la población afromexicana, que supera los 2.5 millones de personas, su representación es aún más reducida: apenas cuatro legisladores en los 32 Congresos. locales Millones de personas indígenas y afrodescendientes tienen una participación mínima en los espacios donde se toman decisiones públicas que les afectan directamente.
En este contexto, hace unas semanas el activista Raymundo García López, del pueblo Tutunakú, presentó una demanda contra el Congreso de Puebla por no haber legislado sobre el derecho a la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos, particularmente en lo que respecta a los procesos electorales y la integración de los ayuntamientos.
Y quienes sí logran llegar a los Congresos locales no asumen la responsabilidad que implica representar a millones. En octubre de 2025, el diputado local de Yucatán, Harry Rodríguez Botello Fierro y el diputado en Campeche Andrés Fernández del Valle Laisequilla, ambos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) subieron un video a redes sociales en aparente estado de ebriedad, diciendo groserías y frases incoherentes.
El escándalo provocó críticas en redes sociales. Por ello, Rodríguez Botello dejó su cargo como dirigente estatal del partido, mientras el PVEM anunció cambios internos tras la polémica.
Los diputados locales del PVEM, Harry Rodríguez, de Yucatán, y Andrés Fernández del Valle, de Campeche, se grabaron en aparente estado de ebriedad y luego subieron el video a redes sociales.
Estos casos no sólo exhiben conductas individuales, sino una forma de ejercer el poder alejada de la función legislativa. En diciembre pasado, desde el Congreso de Coahuila, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, retó a golpes al Subsecretario de Gobierno, Francisco Tobías, a quien acusó de ejercer violencia machista contra su hermana, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra.
“Estamos listos, cabrón, a la hora que quieras para darnos en la madre. No te voy a permitir que sigas ofendiendo a mi hermana, a mi mamá, te has metido con mi papá, que en paz descansa”, dijo desde la tribuna.